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Niñas, no madres. Bajan los números, sube la garantía de sus derechos

En el marco del día de las infancias, celebrado el pasado domingo, las cifras oficiales confirman la baja de los embarazos adolescentes y sus causas

Por Manu Abuela

Ya hace 9 años que en nuestro país los embarazos adolescentes se redujeron un 60%. Y esa es una buena noticia, ya que significa que muchas jóvenes de nuestro país, ya a su corta edad, pueden vivir su sexualidad de forma libre pero responsable, además de no atentar contra su integridad física -los riesgos físicos de desarrollo de embarazos a poca edad son muchos-, psíquica y desarrollo social, con todo lo que implica: ir a la escuela, terminarla, pasar tiempo entre amigos y amigas, estudiar en el nivel superior, trabajar y poder independizarse. En suma, tener un proyecto de vida.

Lo interesante es que esta baja, que se da desde 2015, fue abrupta y continúa en descenso, lo que nos deja pensar que en años sucesivos cada vez menos adolescentes quedarán embarazadas sin quererlo. Por supuesto, si es decisión del Estado que así sea, ya que gran parte de la responsabilidad para que las cifras desciendan como lo hacen, es gracias a algunas políticas públicas relacionadas con garantizar los derechos sexuales y reproductivos.

Las cifras

En 2013 los embarazos en mujeres de hasta 20 años fueron 117.386, mientras que en 2022 fueron 47.630. Casi 70 mil adolescentes menos, un número significativo aunque las estadísticas oficiales explicitan que aún 7 de cada 10 embarazos siguen siendo no deseados ni planificados. Y, sobre todo en niñas menores de 15 años -llamada “maternidad temprana” la de niñas entre 10 y 14 años-, producto de abusos sexuales.

Con respecto a estas últimas, hay cifras específicas. La maternidad temprana producto de abuso sexual – ya sea violaciones o relaciones marcadas por la asimetría- bajó de 3.269 embarazos a 1.394 de un año a otro. Sin embargo, si nos ponemos a pensar, cada seis horas en nuestro país una niña sigue convirtiéndose en madre.

En el total de los embarazos, el de adolescentes representó durante largos años aproximadamente el 16%, con leves variaciones según los años. Pero desde hace un tiempo descendió al 9%, casi la mitad. Y se estima que si la situación continúa como está -o mejor aún, se ponen en marcha más y nuevas políticas en esta dirección- siga bajando a estos pasos agigantados.

Presencia

El Estado hizo lo suyo desde la presidencia de Néstor Kirchner con la sanción de la ley nacional de Educación Sexual Integral – más conocida como ESI- en el 2006.

Esta normativa fundamental para prevenir casos de abuso sexual, fomentar el respeto por el prójimo, la protección del cuerpo, la importancia de decir no o los conocimientos básicos para cuidarse en relaciones sexuales -entre algunos de los tantos ejes formativos que detenta- aún no tiene una llegada fuerte en todo el territorio nacional, como es el caso de la provincia de Santa Fe. Con dos medias sanciones en Cámara de Diputados en 2018 y 2020 pero cajoneada por la de Senadores en ambas oportunidades, esta ley sigue siendo una deuda pendiente para con las niñeces y adolescencias santafesinas.

Expertos y estadísticas señalan que, aunque recayó en la responsabilidad de cada docente darla y fue provista a los alumnos y alumnas a cuentagotas, esta normativa hizo mella y fue una de las principales responsables de la baja de estos números que hoy analizamos.

Un programa que también es responsable de esta baja es el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) lanzado desde 2017. El mismo específicamente se enfocó en distribuir en efectores de salud métodos anticonceptivos de forma gratuita, hecho que ya se daba anteriormente. Preservativos y métodos hormonales -entre ellos uno de los más utilizados es el implante subdérmico -mejor conocido como chip, es un anticonceptivo de larga duración que se aplica debajo de la piel- se dispersaron por diversos sectores de la población, sobre todo los más vulnerados.

La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE- es un tema de debate en esta línea de interpretación. Porque si bien desde su sanción -diciembre de 2020- y aplicación -inicios de 2021- muchas adolescentes que quedaron embarazadas sin desearlo pudieron interrumpir su gestación, lo cierto es que las cifras de baja de la maternidad de las jóvenes comenzaron en 2015, casi seis años antes. Esto lleva a pensar, ¿qué sucedió durante ese año que los números comenzaron a cambiar drásticamente?

La batalla cultural

Muchas historiadoras del movimiento de mujeres de nuestro país afirman que el año 2015 fue el momento donde esta última ola se erigió con fuerza. Y no es casual, ya que tras una serie de femicidios el de Chiara Páez -la joven de 14 años embaraza asesinada por su novio en Rufino- fue la gota que rebalsó el vaso. En ese momento, las mujeres se preguntaron cuántas más debían morir en manos de las personas que juraron amarlas y decidieron levantarse y salir a marchar.

Especialistas en la materia expresaron que desde aquel Ni Una Menos -sucedido el 3 de junio de 2015- el discurso feminista comenzó a calar hondo en la subjetividades de todos y todas, especialmente en el de las más jóvenes, que tomaron la consigna “mi cuerpo, mi decisión” para comprender que debían tener el control sobre los procesos de salud sexual y reproductiva de sus vidas.

La maternidad, que hasta el momento era el único destino ineludible de las mujeres, empezó a ser cuestionada y, con ella, comenzamos a preguntarnos si de verdad queríamos tener hijos, y no sólo cuántos.

Así, gracias al movimiento social, político y cultural del feminismo, se promulgó la necesidad de tener control sobre la capacidad de decidir sobre su cuerpo, sus relaciones sexuales y su vida. Lo que se denomina “empoderarse”. Junto con ello, la marea verde hizo lo suyo, discutiendo el rol de la mujer dentro del patriarcado, instalando estas ideas hasta en los recovecos más populares y marginados del país.

Que muchas niñas y adolescentes se vuelvan madres “sin querer” es un factor crítico de inequidad de género y, en muchos casos, de clase también. Por eso, que el Estado garantice sus derechos sexuales y reproductivos ya sea a través de preservativos, métodos anticonceptivos, información, educación, insumos y salud de calidad no debe deslumbrarnos: tenemos que comprender que es su responsabilidad y que si esto sucede -como los números lo indican- es porque la máquina funciona.

Aunque muchas niñas aún son obligadas a gestar, siendo culpabilizadas hasta de ser víctimas de violencia sexual y enclaustradas en instituciones donde las esconden para no avergonzar al resto, el feminismo trae nuevas ideas de libertad, responsabilidad y amor propio. Ideas que se relacionan con planificar, imaginar y proyectar la vida con hijos e hijas, no siendo un mandato. Ideas de un proyecto de vida donde la maternidad sea una pieza más, no la única.

La mano visible del Estado, la que acompaña el empoderamiento de las niñas y adolescentes a través de programas, con presencia y pisada. He aquí la materialización de la justicia social: hoy hay 70mil embarazos menos, hoy 70mil pequeñas tienen más oportunidades.

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