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Florencia Chávez y la irresponsabilidad estatal

La historia de la joven trebolense (19) que fue doble víctima de abuso que desencadenó un suicidio catalogado como “suicidio femicida”.

Por Manu Abuela

El departamento San Martín está en alerta roja. Las agrupaciones feministas que habitan el territorio a diario se encuentran desbordadas por la cantidad de situaciones de violencia de género que deben acompañar, en ausencia total del Estado. Horas de denuncias, encuentros con mujeres y disidencias, escucha empática, búsqueda de programas nacionales que las amparen, todo el trabajo correspondiente a las áreas específicas suplidas por los movimientos de mujeres.

Además de las violencias invisibles que por decenas ocurren cotidianamente, los femicidios no son ajenos en la región. El domingo pasado se cumplió un año y ocho meses de impunidad por la desaparición física de Ma. Florencia Gómez (35), en la ciudad de San Jorge. Aunque el fiscal a cargo, Omar de Pedro, expuso que la investigación avanza, lo cierto es que aún no hay líneas de acción conducentes en el trabajo que el letrado lleva adelante.

Otro de los femicidios que estremeció al departamento fue el de Verónica Soulé (31) en Casas, incinerada en su vivienda el 17 de marzo del 2020. La familia del agresor y ex pareja, Lisandro Cabral, tiene la tenencia de sus hijos. Por este motivo, la mamá de Verónica, acompañada de sus otras hijas, se presentó en reiteradas ocasiones en la fiscalía, para acordar al menos encuentros con sus nietos, los cuales no sucedieron.

El último caso, que fue la gota que rebalsó el vaso, fue el suicidio femicida de Florencia Chávez (19) en la localidad de El Trébol. Por eso, el dos de junio MuMaLá presentó un proyecto de ley frente a la Cámara de Diputados de la provincia, para declarar la emergencia departamental.

“A nosotras hace mucho tiempo que nos preocupa el aumento de la violencia, como en el resto del país, pero particularmente en nuestra zona tenemos algunas dificultades propias. Un ejemplo de esto es que la fiscalía es muy pequeña en relación a la cantidad de casos que atiende. Por eso, pedimos la venida de una fiscalía especializada en género, fundamentando con los dichos de Patricia Hidalgo, defensora pública, quien manifestó en un medio sanjorgense su preocupación por el hacinamiento de presos en la alcaidía de Sastre, la mayoría de ellos detenidos por abuso sexual y violencia de género”, expresó María José Zocchi, coordinadora provincial de MuMaLá.

Suicidio femicida

Fueron 11 los suicidios femicidas registrados en Argentina durante en el 2021. En lo que va de este año ya se registraron dos. Según los especialistas en la materia, se puede catalogar con esta denominación al suicidio inducido, producto del abuso de poder crónico por motivos de odio o de menosprecio por la condición de mujer, que incluye también a las identidades feminizadas.

Según la defensoría del pueblo de la nación, se produce cuando las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que vivieron. Y la historia de violencia y abuso que Florencia sufrió dejan de manifiesto que su suicidio se puede catalogar dentro de esta denominación.

En detalle

Con 16 años, Florencia se animó a contarle a una de sus hermanas, Katia, el calvario que había sufrido de forma reiterada cuando la pareja de su mamá, Iván Buccino, abusó sexualmente de ella. Katia entendió que lo mejor era contarle lo sucedido a su papá, Darío Mario, quién al enterarse comenzó el proceso de denuncia del abusador de su hija.

“Luego de realizar la denuncia, y someterse al traumático proceso policial y judicial, Florencia nunca tuvo acompañamiento por parte del Estado, ni apoyo psicológico ni contención de ningún tipo, tampoco tenemos información de alguna intervención de la Secretaría de Niñez de la Provincia”, escribe MuMaLá en su Facebook, exponiendo la ausencia total de las entidades encargadas de velar por la seguridad de Florencia. Ausencia que también estuvo cuando el año pasado arrestaron de forma preventiva a Buccino, quien aún espera su juicio.

Pero a esa vivencia que dejaría una huella imborrable en la víctima y su familia, se le sumó otra. Florencia comenzó a entablar una relación con un hombre que ejerció violencia de género sobre ella. “En total estado de vulnerabilidad, y sin haber superado el trauma ocasionado por ser víctima de abuso sexual, Florencia continuó con una relación abusiva en contexto de desigualdad, con un sujeto adulto”, expresa el comunicado.

Daniel Álvarez, la pareja de Florencia, ejerció sobre ella violencia no sólo psicológica y simbólica, sino también física y sexual, violando su domicilio e ingresando a él por la ventana en horas de la madrugada, para someterla nuevamente. Este episodio, ocurrido el viernes 8 de abril de este año, fue el causante de que la joven de 19 años vuelva a transitar un proceso de denuncia, pero esta vez no dirigido a su padrastro sino a su pareja, acompañada de sus hermanas y amigas.

Esa mañana sufrió dos vulneraciones de sus derechos por parte de agentes estatales. La primera desidia la vivió dentro del hospital, cuando la médica de guardia encargada de revisar las lesiones de su cuerpo no dio aviso a la policía de la mujer lo sucedido, como le correspondía por protocolo institucional. Tampoco notificó al área de género local para que Florencia reciba el debido acompañamiento.

La segunda vulneración la sufrió dentro de la comisaría, esperando más de 3 horas para realizar la denuncia, algo habitual en el departamento. Todas las mujeres y disidencias que se acercan a denunciar reciben, además de maltrato o destrato por parte de los oficiales, un proceso de desgaste donde son sometidas a una larga espera. En ese letargo, donde las vivencias y emociones afloran, muchas mujeres desisten y abandonan el lugar sin presentar el caso en la sede policial. De ahí la importancia de un acompañamiento amoroso, respetuoso y conocedor del proceso, para que la denunciante no claudique.

Paola, la amiga que acompañó a Florencia en la comisaría, se comunicó con una representante de MuMaLá contándole la situación, quien informó al Área de la Mujer de El Trébol, ayudando a agilizar los trámites para que puedan tomarle prontamente la denuncia.

La misma “No corresponde con la gravedad de los hechos sucedidos, evidenciando falta de perspectiva de Género de la Oficial a cargo. Con la denuncia en mano, la víctima es remitida al médico legal, quien al constatar la gravedad de las lesiones producto del abuso y la violencia, se comunicó con la Comisaría y exigió el cambio de la carátula”, expuso el comunicado de prensa de la agrupación.

Pero las revisiones no cesaron ya que el sábado, una vez detenido Álvarez por orden del fiscal Zopegni, Florencia se dirigió a San Jorge donde el médico policial la volvió a examinar, constatando las lesiones provocadas por abuso sexual, es decir, para reafirmando que ella no estaba mintiendo.

Durante todos esos días no recibió ningún tipo de contención, ni siquiera un llamado telefónico por parte de ningún área específica. Sin cuidados, sin contención, sin atención. Una joven de 19 años que había tenido una historia de abuso previo, revivía ese trágico momento de su vida con una de las personas que amaba, su pareja, y el Estado no la contuvo. Es más, entorpeció todo el proceso que debió ser de contención y ayuda, tornándose hostil, revictimizador, especulador.

Florencia, ese domingo 10 de abril, decidió ingerir 50 pastillas para acabar con su vida, falleciendo al día siguiente en horas de la tarde.

Ausencia

“El suicidio femicida de Florencia Chávez es un caso donde se vislumbra claramente dificultades por parte del Estado y falta de articulación. Por eso, nosotras pedimos que se investigue la falta de acompañamiento del Estado, puesto de manifiesto en la toma de denuncia y en el trato del personal de salud que la atendió, falta de perspectiva de género. Por eso pedimos la implementación de la Ley Micaela y con una observación: que además de la capacitación el funcionario o funcionaria pueda aplicarla al momento de ejercer su trabajo”, expresó Zocchi.

Entre el dolor de su partida, el mensaje de sus amigas, hermanas y familia, que esperan que los causantes de todo el sufrimiento de Florencia lleguen a juicio y sean condenados por lo que hicieron. Uno fue el de su papá, Darío Mario, que emociona: “Y ya no tengo amor y lo único que pido es que se haga justicia para que descanses en paz. Papi va a terminar con lo que empezamos juntos: pedir justicia, por lo que tanto luchamos, que paguen los que te hicieron daño y te llevaron a que hoy no estés más entre nosotros. Te amo y justicia por Florencia”.

No podemos conocer en qué pensó Florencia cuando tomó la determinación final, quizás sí inferir, especular. Pero lo que sabemos a ciencia cierta es que hubo una cadena de desidias del Estado, donde su responsabilidad es directa e incuestionable. Repasemos: ¿Era necesario que tres médicos la revisaran para constatar que había sufrido abuso sexual? ¿Es protocolar que las mujeres que denuncian violencia de género deban esperar horas y horas en la sede policial para efectuar su reclamo, conforme a sus derechos? ¿Existió algún impedimento que hizo que el área de la mujer de su ciudad no se comunicara con ella? Y si nos remontamos al 2019, siendo menor de edad ¿por qué el área de niñez no se acercó tampoco para brindarle apoyo? Si, el Estado es responsable.

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